Durante más de cuatro décadas, The English International College ha sido un referente de la educación internacional de alto nivel en la Costa del Sol. Fundado en 1982, el centro imparte currículo británico a alumnos de más de treinta nacionalidades y ha construido una sólida reputación entre familias de alto poder adquisitivo.
Hoy, esa imagen de excelencia se ve cuestionada por un conjunto de denuncias formales presentadas por padres de alumnos y exmiembros del personal ante distintos organismos públicos, en las que se señalan presuntas irregularidades de carácter sanitario, fiscal y urbanístico. La documentación ha sido remitida a Sanidad, Agencia Tributaria, Seprona y al área de Urbanismo municipal. Las acusaciones se estructuran en tres grandes bloques: uso de agua no controlada, gestión de pagos en efectivo y presuntas construcciones sin licencia.
La cuestión que más alarma ha generado entre las familias es la utilización de agua procedente de un pozo presuntamente no registrado, empleada tanto para el llenado de la piscina como para el abastecimiento interno del centro. Tras la denuncia, el Seprona y el Distrito Sanitario realizaron una inspección en las instalaciones. Según el acta levantada por los agentes, se detectaron deficiencias en los parámetros del agua tanto para consumo como para uso recreativo, y los resultados fueron trasladados a la Junta de Andalucía. El procedimiento administrativo continúa abierto y aún no se han determinado responsabilidades ni la legalidad definitiva del pozo.
Una antigua enfermera del centro declaró haber presenciado episodios repetidos de alteraciones cutáneas y trastornos digestivos en menores, coincidentes con el uso de la piscina o el consumo de agua del colegio, asegurando haber informado en su momento a la dirección sin que se adoptaran medidas.
El segundo bloque de denuncias se refiere a una gestión económica presuntamente irregular, basada en la exigencia de pagos en metálico para actividades no incluidas en la matrícula ordinaria. Se citan programas como las clases de oratoria y debate, con cuotas cercanas a los 400 euros mensuales, y campamentos de verano cuyos importes se habrían abonado íntegramente en efectivo. Estas prácticas motivaron una denuncia ante la Agencia Tributaria, que habría abierto diligencias para analizar el flujo de caja y la correcta declaración de ingresos. Para un colegio cuyas matrículas alcanzan los 20.000 euros anuales, los padres consideran “incomprensible” la negativa sistemática a los pagos por vía bancaria.
El tercer foco de conflicto se sitúa en el estado de las instalaciones y la legalidad de determinadas ampliaciones. Las familias han aportado fotografías de grietas, desprendimientos y estructuras presuntamente inestables. Antiguos trabajadores aseguran que se habrían producido incluso derrumbes parciales en zonas de Primaria sin suspensión de la actividad lectiva. Según la documentación aportada, el Ayuntamiento de Marbella habría emitido una orden de ejecución instando a la reparación de desperfectos y a la regularización de construcciones.
Una vez concluidas las primeras actuaciones administrativas, la respuesta del colegio no se tradujo en una comunicación institucional a las familias, sino —según los denunciantes— en dos decisiones de carácter estrictamente económico:
- Incremento del 10 % en las matrículas para todos los alumnos.
- Imposición de un “recargo por instalaciones” de unos 3.000 € para Bachillerato.
Paralelamente, el centro fue vendido de forma acelerada a Forfar Education Ltd., grupo educativo internacional que pasó a convertirse en el nuevo propietario.
Según varios miembros de la Asociación de Padres (PTA), el comprador no habría sido informado previamente de las denuncias en curso ni de las posibles sanciones, extremo que habría quedado en evidencia tras conversaciones presenciadas entre el entonces director, Richard Sutcliffe, y representantes de Forfar durante el proceso de transición.
Hasta la fecha, ni la antigua dirección ni los nuevos propietarios han ofrecido una explicación pública a las familias sobre el alcance de las denuncias ni sobre la situación administrativa real del colegio.
Más allá de las posibles irregularidades concretas, las familias plantean una cuestión de fondo: cómo es posible que un centro de esta dimensión, prestigio e impacto social haya operado durante más de 40 años sin que estas deficiencias salieran a la luz antes. Para ejercer su actividad, un colegio privado debe contar con autorización educativa autonómica, licencia municipal de apertura, cumplimiento de la normativa sanitaria, legalidad urbanística y sistemas de abastecimiento de agua conformes a ley. La aparición ahora de posibles deficiencias en todos estos planos no solo interpela a la gestión del centro, sino al conjunto del sistema de supervisión pública, con competencias repartidas entre distintas administraciones. Las familias insisten en que su objetivo no es señalar a una institución concreta, sino entender cómo pudo fallar la cadena de controles durante tantos años.
A la espera de resoluciones definitivas, los denunciantes consideran lógicas medidas como una auditoría técnica integral del centro, la verificación pública del sistema de abastecimiento de agua, la revisión de licencias urbanísticas y de actividad, la fiscalización completa de los pagos en efectivo y una información transparente a las familias. El mensaje común es claro: no buscan un ajuste de cuentas, sino seguridad, explicaciones y garantías de que una situación así no vuelva a repetirse. “Durante años confiamos en que el proyecto educativo cumplía la ley. Si se demuestra que no fue así, necesitamos justicia, no silencios”, resume una de las madres afectadas.
Nota legal: Todos los hechos descritos corresponden a denuncias en fase de investigación. A fecha de publicación, no existe sentencia firme ni resolución administrativa definitiva que determine responsabilidades.
