Urda y Adamuz: síntomas evidentes de una falta de sistema grave casi normalizada

Hemos llegado a aceptar demasiadas cosas que deberían resultar intolerables. Que algo falle, que una revisión no detecte un problema, que una advertencia llegue tarde o que un riesgo se considere asumible hasta que sus consecuencias se vuelven irreversibles. Después llega la investigación, el cruce de declaraciones y la defensa política de quienes deberían dar explicaciones.

Los accidentes ferroviarios de Adamuz y Toledo tienen causas inmediatas distintas. Precisamente por eso, el debate debe ir más allá de buscar un único culpable. La seguridad de una infraestructura crítica depende de una cadena de decisiones: mantenimiento, inversión, supervisión, protocolos, coordinación y capacidad para anticipar fallos. Cuando se producen tragedias en un mismo sistema, resulta legítimo examinar cómo se gestiona el riesgo y si los controles cumplen su función.

No es una cuestión de mala suerte. Tampoco basta con invocar el error humano. Una organización preparada debe contemplar la posibilidad de que alguien se equivoque y disponer de barreras capaces de impedir que ese error termine en catástrofe. La prevención existe precisamente para eso.

Ya son muchos los que insisten en la necesidad de mirar más allá del día del accidente y examinar las decisiones acumuladas que pueden crear las condiciones para una tragedia. Esa perspectiva debería orientar cualquier investigación seria: comprobar qué se sabía, qué se hizo, qué se dejó de hacer y quién tenía la obligación de actuar.

La tecnología actual permite detectar anomalías, automatizar controles y anticipar determinados problemas. La inteligencia artificial ampliará todavía más esas posibilidades. Sin embargo, ninguna máquina puede compensar por completo una organización deficiente, una supervisión insuficiente o una dirección incapaz de establecer prioridades. Cuanto más complejo es el sistema, mayor debe ser el rigor de quienes lo gestionan.

El riesgo no desaparece porque dispongamos de más tecnología. Se reduce cuando sabemos organizarla, mantenerla y utilizarla con prudencia.

Óscar Puente ha rechazado dimitir y defiende la necesidad de investigar lo ocurrido. Investigar es imprescindible, pero la investigación no puede convertirse en una respuesta suficiente a todas las preguntas sobre la gestión política.

La responsabilidad penal determina conductas concretas conforme a la ley. La responsabilidad política también comprende la supervisión, la planificación, las prioridades presupuestarias y la capacidad de garantizar que los sistemas bajo la autoridad de un ministerio funcionen con las debidas condiciones de seguridad.

Un ministro no tiene que haber cometido personalmente un error operativo para responder por la gestión de su departamento. Debe explicar qué controles existían, qué información recibió, qué medidas adoptó y qué garantías puede ofrecer a los ciudadanos. Si se acreditan deficiencias graves dentro de sus competencias, la continuidad en el cargo merece una evaluación política real, no una defensa automática.

La misma exigencia debe alcanzar a los demás responsables que tengan competencias sobre la infraestructura, la operación y la supervisión. No se trata de pedir dimisiones indiscriminadamente, sino de evitar que la responsabilidad se diluya entre organismos, departamentos y niveles administrativos hasta que nadie responda por el resultado.

Si quienes dirigían un sistema no detectaron riesgos previsibles, ignoraron advertencias o no garantizaron los controles exigibles, deben explicar por qué ocurrió y asumir las consecuencias que correspondan. Si no tienen la capacidad necesaria para corregir las deficiencias, también deben plantearse si son las personas adecuadas para continuar al frente de sus responsabilidades.

El problema trasciende al Ministerio de Transportes. España necesita dirigentes capaces de gestionar infraestructuras, sanidad, energía, vivienda y servicios públicos en un contexto de creciente complejidad tecnológica y económica.

Sin embargo, buena parte de la actividad política parece concentrada en defender posiciones, responder al adversario y preparar la siguiente campaña electoral. El debate sobre quién obtiene una ventaja partidista ocupa con frecuencia más espacio que la evaluación de los resultados y la planificación a largo plazo.

Saber distribuir fondos y recursos es una competencia necesaria, pero insuficiente. Hay que determinar dónde se necesitan, establecer prioridades, seleccionar equipos preparados, controlar la ejecución, medir resultados y corregir las deficiencias. El presupuesto es una herramienta de gestión, no una garantía de buena gestión.

Un dirigente competente no es necesariamente quien más habla ni quien mejor defiende su posición ante las cámaras. Es quien comprende los problemas, toma decisiones fundamentadas, escucha a los especialistas, identifica los riesgos y responde por los resultados. En una infraestructura crítica, esas capacidades no son opcionales.

Tampoco basta con nombrar profesionales técnicamente cualificados si la organización carece de controles independientes o si las decisiones se subordinan a intereses ajenos a la seguridad. La competencia debe estar presente tanto en las personas como en los procedimientos y en la cultura de la institución.

El ciudadano no puede exigir que un gobernante sea infalible. Sí puede exigir preparación, previsión, transparencia y responsabilidad. Y puede reclamar que los puestos de máxima responsabilidad estén ocupados por personas capaces de ejercerlos, no simplemente de conservarlos. Y por eso hoy se exigen, con razón muchas dimisiones.

Dos accidentes no demuestran por sí solos una causa común ni permiten afirmar que todos los responsables hayan incumplido sus obligaciones. Es necesario investigar cada caso y acreditar los hechos. Pero tampoco sería razonable utilizar esa cautela para evitar cualquier examen de la capacidad de gestión del sistema.

La cuestión es si las instituciones están preparadas para anticipar los riesgos, detectar las señales de alarma y actuar antes de que se produzcan consecuencias irreversibles. Si la respuesta es negativa, hay que revisar la organización, las inversiones, los controles y las responsabilidades.

No podemos normalizar que la prevención solo adquiera protagonismo después de una tragedia. Ni aceptar que la rendición de cuentas se reduzca a comparecencias, promesas de mejora y discusiones partidistas.

La tecnología avanza. La complejidad aumenta. Por eso necesitamos mejores gestores, instituciones más rigurosas y responsables públicos dispuestos a reconocer sus límites. Cuando la gestión falla de manera grave, dimitir puede ser una consecuencia legítima y necesaria, no una humillación ni una condena judicial anticipada.

Gobernar no es ocupar un cargo, administrar presupuestos ni conseguir votos. Es asumir la responsabilidad de que los sistemas de los que depende la vida de las personas funcionen con seguridad.

Si quienes tienen esa responsabilidad no saben anticipar los riesgos, organizar los recursos y garantizar los controles, el problema no termina con el accidente. Permanece en el sistema, esperando la siguiente oportunidad para manifestarse.

Y eso es lo verdaderamente inaceptable: que los ciudadanos tengan que confiar su seguridad a una estructura de gestión cuya capacidad para prevenir, controlar y responder solo se pone a prueba cuando ya es demasiado tarde.